Chile promulgó el 26 de marzo de 2024 la Ley de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información. Se trata de la primera legislación en materia de ciberseguridad para Latinoamérica y es producto de un amplio trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la academia.
La nueva ley establece un marco regulatorio robusto para la ciberseguridad en Chile, que incluye la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), un organismo autónomo encargado de la inspección, vigilancia y control de las entidades públicas y privadas que prestan servicios con impacto en la seguridad de la información. La ANCI tendrá la facultad de sancionar a aquellas entidades que no cumplan con las normas establecidas en la ley.
La ley también define la infraestructura crítica de la información como aquellos sistemas y servicios esenciales para el funcionamiento del país, como los servicios financieros, de energía, salud y transporte. Para proteger esta infraestructura crítica, la ley establece un conjunto de medidas, como la obligación de las entidades que operan esta infraestructura de implementar medidas de seguridad adecuadas y de reportar cualquier incidente de seguridad a la ANCI.
La ley crea un Equipo Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Nacional), que tendrá como objetivo coordinar la respuesta a los incidentes de seguridad a nivel nacional. Además, la ley establece la obligación de las entidades que prestan servicios de información y comunicación de reportar cualquier incidente de seguridad a la entidad.
La promulgación de la Ley de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica de la Información representa un avance significativo en la protección de la información y la infraestructura crítica de Chile. Esta ley permitirá al país estar mejor preparado para enfrentar las crecientes amenazas cibernéticas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para el funcionamiento del país.
Tras su publicación en el Diario Oficial, el Presidente de la República contará con un año para emitir los decretos reglamentarios que regulen aspectos como la determinación de la fecha para el inicio de las actividades de la ANCI. Se espera que la implementación de esta ley contribuya a fortalecer la ciberseguridad de Chile y a posicionar al país como un referente regional en esta materia.
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